Las tobilleras: ¿sirven para algo?

Hay 350 en la Provincia y sirve para monitorear a presos con libertad morigerada. Los "rastrea" por teléfono una empresa privada. Condición ineludible: el preso tiene que tener línea.


- El gobierno de la Provincia comenzó a utilizar este mecanismo de “libertad monitoreada” en el 2005 a fin de “descomprimir” las cárceles bonaerenses.
- Buenos Aires es el único lugar de Latinoamérica en donde se implementó la medida.
-  Existen 350 pulseras a disposición de la Provincia. Todas se encuentran en uso y hay lista de espera.
- Los equipos están conectados a una central en La Plata y son propiedad de una empresa privada.
- El precio de la pulsera es de 800 pesos. En cambio, cada preso le cuesta a la provincia 1.200 pesos. En la actualidad, 30.000 personas habitan cárceles y alcaidías.
- Los beneficiarios por esta medida pueden permanecer en sus casas y movilizarse hasta diez cuadras de su residencia.
- Los imputados que desean tener prisión domiciliaria controlados por medio de la pulsera se deben anotar en una lista de espera (siempre que el juez lo autorice) y se les otorga por orden de fecha del pedido.
- La condición fundamental para que una pulsera electrónica sea otorgada es tener teléfono particular.
- Una vez otorgado, el beneficiario firma un contrato.
- Un 6 por ciento de los usuarios cometen delito de “evasión” (deshacerse del mecanismo).
“Cómo zafarse”
La pulsera o tobillera electrónica es concedida por decisión del juez pertinente. Sin embargo, fuentes del Servicio Penitenciario bonaerense aseguran que “es muy fácil zafarse”, debido a su frágil material: plástico. “Retorciéndola un poco, se rompe”.

El dispositivo tiene dos precintos, de romperse, no pueden volver a colocarse. Por oto lado, en caso de que el preso domiciliario rompa la pulsera o se aleja del radio permitido (50 metros), la Central de Monitoreo notifica a la dependencia policial correspondiente y al Tribunal que atiende la causa.

24CON pudo averiguar que el verdugo de la familia Mansilla estuvo libre del 21 al 30 de julio porque el criminal no había pagado el teléfono y, por ende, se perdió el control satelital. No obstante, los medios y su medio hermano aseguran que el mecanismo habría sido violado por Fernández.

El dato no es menor porque, de comprobarse la primera opción los miembros del Tribunal Oral Nº3 de San Martín –integrado por María del Carmen Paz, Miguel Angel Bacalhau, Julián Descalzo, Monica María Carreira y Norberto Bove- estarían en graves aprietos.

En cambio, de ser válida la segunda alternativa, quienes deberán responder son, en primer lugar, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) por no detectar la falencia en la pulsera electrónica y por contratar un servicio deficiente; asimismo, el juez que le otorgó a Fernández el beneficio, Nicólas Schiavo, deberá hacer lo propio.
 
Pero, resulta que el SPB confirmó a 24CON que, efectivamente, el 21 de julio pasado, el Centro de Monitoreo alertó al Tribunal Oral Nº3 que Ángel Antonio Fernández no había pagado la cuenta de teléfono y, en consecuencia, se encontrando obrando sin ningún tipo de control.

Sucede que el mecanismo de la tobillera electrónica funciona a través del teléfono al enviar este una señal satelital, que es recibida por la Central de Moritoreo del Servicio Penitenciario.

Según fuentes del SPB, el 21de julio, la Central dejó de recibir la señal, y el SPB avisó al Tribunal a cargo. Éste citó a Fernández para intimarlo a que pague el teléfono, “de lo contrario, irá preso”, amenazaron los jueces o el juez.  Luego, dejaron ir a Fernández a su vivienda. Sin embargo, la intimación fue incompleta, ya que no dispusieron un plazo y ni siquiera enviaron al acusado a su casa con custodia. Sólo lo dejaron ir.

El 30, el asesino decidió pagar el servicio telefónico. Fueron nueve días que este peligroso sujeto deambuló como quiso y por donde quiso sin ningún tipo de control.

De hecho, Fernández secuestró a sus víctimas el 24. El resto, es historia conocida.

Y, al respecto, Alfredo Drocchi, juez penal de La Matanza dijo a 24CON que “si este hombre estuvo sin monitoreo desde el 21, fue el Tribunal el que lo dejó libre. En este caso, la culpa del homicidio no la tiene el juez que le dio la tobillera –Nicolás  Schiavo, ni el Servicio Penitenciario, ni tampoco el Poder Ejecutivo. Acá es culpa exclusiva del Tribunal Oral que lo mandó a la casa sin ningún tipo de control”.
Es más, el magistrado defendió el sistema electrónico. “Funciona, aquí no falló el sistema sino los operarios”. Y aclaró: “Yo no le hubiera dado la morigeración, pero las tobilleras funcionan, son muy buenas. Además, son un ahorro para el estado. En la cárcel hay superpoblación y hoy se puede habar de que hay emergencia penitenciaria y, si no es peligros, se evita que el sujeto esté en contacto con otros presos y pueda esperar el juicio en su casa. No olvidemos que todos somos inocentes hasta que se compruebe lo contrario. En general, se utilizan para personas primarias, no a los que tienen prontuario, tampoco se la puede dar a cualquiera”.

De comprobarse, “el Tribunal deberá pagar el costo político, administrativo y civil”. Además, “cuando el Juez lo mando sin nada, seguramente, esa resolución no le fue notificada a la fiscalía, ésta no consistiría que lo manden de vuelta a un hombre de ese calibre sin ningún control", concluyó el letrado.
1Comentarios
dolores
6 de Agosto de 2008 23:44
es cierto que las carceles están superpobladas y muchas veces tal hecho lesiona derechos personalisimos de los condenados, para evitarlo se hace necesario que se adopten medidas como la que se tomó en el caso.- Pero antes de morigerar la pena decretada debería en cada caso concreto merituarse las situación fáctica, las condiciones psicologicas del detenido , la gravedad de los delitos cometidos , no se puede actuar negligentemente, con imprudencia e impericia en estos casos, las consecuencias son irreparables, al juez le cabe valorar los extremos que hacen a la legalidad de la decisión y es responsable de la misma.-
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